Cuestionar la demanda popular de reducir los salarios de los funcionarios públicos en medio de la crisis económica es necesario, porque esa medida, aunque intuitiva, resulta contraproducente. El verdadero dilema no es tener un Estado "barato", sino contar con un Estado capaz y eficiente, para lo cual se necesita atraer al mejor talento profesional. Los salarios públicos actuales (como Bs. 20.000) no son competitivos frente al sector privado o el extranjero, lo que aleja a los mejores economistas, ingenieros o especialistas en políticas públicas de la administración estatal.
Además, un sistema con bajas remuneraciones, escasos incentivos y alta discrecionalidad crea un terreno fértil para la corrupción, cuyo costo para el Estado es mucho mayor que invertir en un servicio civil profesional bien pagado. Preguntas incómodas surgen al ver cómo algunos políticos financian campañas costosas o mantienen niveles de vida que no corresponden con sus ingresos públicos. Bolivia necesita un Estado más pequeño, pero con menos funcionarios, mejor seleccionados y mejor remunerados, porque el verdadero costo país no está en pagar bien a buenos servidores, sino en no tenerlos.